INFORMES Y GESTIONES 24/0302012.
Hoy vamos a estar en vivo el el Pai Ari Sordi para dar mas informaciones sobre las migrantes entonces dentro de pocos minutos en este programa que es un programa, informativo, político, y social. el Pai que es el precidente de la comisión de los migrantes. Entonces desde ya podrán enviar las preguntas, o dudas que tienen para dar las respuestas en vivo por el numero 0983) 691161.
Director Itamar Konik y a todos los compañeros de los distintos programas por el espacio que están dando para dar las informaciones…
Ao didjei..
Apresentndo Oli Petter
LOS PRINCIPALES TEMAS DE HOY
1. LEY DE LA AMNISTIA
2.Senado aprueba por amplia mayoría ley que castiga venta de derecheras
3. “Gobierno austero” invirtió G. 100.000 millones en vehículos
4. Los “carperitos” de Ñacunday están expuestos a todo tipo de abusos
5.El Estado tiene la culpa, no el campesino
LEY DE LA AMNISTIA
REQUISITOS PARA LA RESIDENCIA TEMPORARIA DE AMNISTIA
1. Presentar CEDULA DEL PAIS DE ORIGEN o SERTIFICADO expedido por el consulado en PY. (3 fotocopias autenticadas)
2. INFORMATICA (costo 25.000g$ se retira en Asunción con una copia autenticada de la cedula. Iso e feito na policía nacional). ANTECEDENTES JUDICIALES ( Costo al redor de 50.000g$, se retira en el PALACIO DE JUSTICIA en Ciudad del Este, llenando un formulario y presentando copia de la cedula)
3. CUALQUIER MEDIO probatorio (PRESENTAR UN DE ESTES DOCUMENTOS) que demuestre el INGRESO AL PAÍS antes de 05/10/2010:
a. Fotocopia autenticada del CERTIFICADO DE NACIMIENTO DEL HIJO
b. Fotocopia autenticada de cualquier CONTRACTO hecho por escribanía antes de la fecha mencionada.
c. Fotocopia autenticada del CENSO
d. Fotocopia autenticada del ACTA DE MATRIMONIO PY
e. Fotocopia autenticada de un HISTÓRICO ESCOLAR del hijo, juntamente con copia del documento del mismo.
f. Fotocopia autenticada RUC o IMAGRO
g. EL que no tiene ninguno de este documento, hacer SUMARIA DE TESTIGOS EN EL JUSGADO DE 1º INSTANCIA EN LO CIVIL. Llevar dos testigos.
4. CERTIFICADO DE ESTADO CIVIL (presentar fotocopia autenticada do registro de nacimento) los que no tienen EN LA OFICINA de migraciones llenar el FORMUNLARIO DE DECLARACIÓN JURADA. Mas não pode mentir, se for descoberto a mentira vai para a fiscalía.
5. Los menores de 14 años no pagan el ARANCEL
6. Los mayores de 60 años no pagan el ARANCEL mientras presenta una DECLARACIÓN JURADA DE UN HIJO (hecha allá en la oficina de Migraciones)
7. El documento es válido por 2 años (antes del plazo ay que solicitar la permanente. Se puede tramitar la cedula. El costo es de 5 jornales = 318.890 guaraníes
8. Esta ley de amnistía es valida hasta el día 05 de junio de 2012
estamos tendo mudas de plantas nativas para reflorestamento tudo grátis sem custo nenhum somente retirar, quen quizer somente falar comigo ou pelo telefone (0983) 691161 então me ligan ou enviam un. mensagem. aproveitem tudo de grasa.......a pronta entrega que já estão no meu deposito vamos aproveitar e plantar cada um faz a sua parte....... lembrando que estamos entrando no tercero ano do progeto P.A.L. que significa programa a La adecuacion de las leyes..não nos asustemos cuando chegaren alguns reprecentantes e ver se já estão dentro do programa.
Também esta por se terminar e entrar em vigor a ley 4241 de los cauces hídricos que estipula a cuantidade de metros de protesão que deverá ser respeitado ai pelos primeiros dias de fevereiro já estaremos tendo novidades sobre o proyecto mas encuanto isso podemos comesando aos poucos, no momento o sol esta bastante forte mas fin de fevereiro marzo já podemos comesar a planta derpente nesta época vai chover mais frecuente e o sol vai estar mais fraco.
EN QUE SITUACIÓN SE ENCUENTRAN LOS DOCUMENTOS
NATALIA LOPES :antecedente federal autenticado y legalizado de su país de origen.
SERLY FERREIRA :Firmar un nuevo carne, falta, fotocopia da identidad, informática, antecedentes policiales, interpol. Certificado medio incompleto, visar. Boleta Original de entrada, y declaración jurada.
JOSE HAUBERT : Hacer de nuevo, los requisitos de la ley amnistía aprovecha la oportunidad.
GUSTAVO SCHUEROFF : también la misma cosa hacer otra vez, y aproveche la ley.
También les ruego para estos que voy a mencionar ahora para que se hagan el favor para que retiren sus documentos para que puedan dar inicio a su migrante, aprovechando por el momento en que fue reprobado el requisito del juez que era un costo de tres jornales, les paso los nombres de los documentos ya hechos.
LOS DOCUMENTOS QUE YA ESTAN HECHOS
Edite da Rosa Gomes, Clarice Weis, Alceu Wagner, Luis Alberto de Godoi, Flavia Cristina Luis, Alaide Teresinha Imig Mess, Elissandra Pascuali, Simoni Cristina Pascuali, Sirlei de SousaJeorgina, Iris Deponti, Angela Maria Perin, Irene Teresinha Flores, Valdericia Marcondes Santos, Nelsi Weber, Cristian de Godoi, Matheus Mumbach, y Mauricio Mumabach...
Gustaría de manifestarme por situaciones que se está generando por cuestiones políticas, todavía hay gente que están mesclando las cosas, están mesclando política con amistad, política con familia, y política con negocios, estos son empresarios bien sucedidos en sus negocios, en La sociedad son muí prestativos, en general son de sacar El sombrero como dice un dictado popular, pero en La política son un cero a La izquierda por este motivo, les quiero recordar que estamos en tiempo de democracia y que La prepotencia, y hacer que El otro piensa de La misma forma todos tenemos nuestra cabeza y todos pensamos de una forma tal vez no sea La misma pero tenemos que respetar las opiniones de cada cual, estas situaciones que se está generando en nuestro municipio no nos traerá buenas recordaciones para El futuro, les ruego hagan cada movimiento su política pero dejen que cada uno tengan su modo de pensar, para finalizar quiero que tengan en cuenta otro dictado muí popular… << EL QUE PLANTA COSECHA >> SEA LO QUE SEA…
Quiero enviar un abraso para alguien muy especial que son en primero lugar mis amigas, y también mis primas. MONICA PETTER Y TAMBIEN SU HERMANA MARILEI, que es la secretaria de la cooperativa colonias unidas y a toda la familia de ustedes, salud, y paz. que siempre están en sintonía con la radio sol 89.9 que es una radio de primera, muchas gracias por la opción de escuchar nuestros programas.
También mi padrino Amaro yung, para la madrina Marle,a toda la familia gracias por la preferencia, un abraso a todos…
Senado aprueba por amplia mayoría ley que castiga venta de derecheras
Por amplia mayoría, el Senado aprobó ayer el proyecto de ley que castiga con prisión de dos a cinco años a los beneficiarios de la reforma agraria que vendan sus derecheras. También se castiga a quienes adquieren las tierras, los intermediarios y los funcionarios del Estado que faciliten o fragüen los documentos. El proyecto se remite ahora a la Cámara de Diputados para su estudio.
El texto aprobado de la ley tuvo modificaciones de forma respecto al proyecto original, pero la principal modificación fue la de reducir la pena prevista para el poseedor, ocupante, solicitante o adjudicatario de lotes agrícolas, ganaderos o fracciones fiscales destinadas a la reforma agraria, que por sí o valiéndose de otro transfiera a un tercero sus derechos y acciones en contravención a las restricciones previstas en el estatuto agrario. La propuesta original era pena privativa de libertad de cuatro a ocho años y se redujo a dos o cinco años.
La normativa, que ahora debe ser analizada en la Cámara de Diputados, prevé también el mismo castigo para el que adquiera derechos y acciones de algún inmueble en contravención del estatuto agrario. La adquisición será nula de pleno derecho y el adquiriente perderá también derechos sobre las mejoras adquiridas o introducidas.
Igualmente castiga con pena de dos a cinco años al que con el fin de obtener un beneficio patrimonial indebido induzca a otro a la compra o venta de lotes agrícolas o fracciones fiscales destinadas a la reforma agraria, en contravención de las restricciones establecidas en el estatuto agrario.
Finalmente, el proyecto de ley prevé la misma cantidad de años de cárcel para el funcionario público que extienda documentos pretendiendo validar la transferencia de los lotes agrícolas o fracciones fiscales destinadas a la reforma agraria. En este último caso, también será castigada la tentativa.
Argumentaron a favor de la aprobación el liberal Miguel Abdón Saguier, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, y Marcelo Duarte, presidente de la comisión de Legislación. Saguier destacó que la prohibición de enajenar propiedades del Estado sujetas a la reforma agraria ya figura en el estatuto agrario, pero no establece penas para su incumplimiento, por lo que la ley aprobada ayer viene a llenar un vacío legal.
Destacó además que los beneficiarios de tierras del Estado tienen una serie de obligaciones, también establecidas en el estatuto agrario.
Pidieron postergar
El senador colorado Hugo Estigarribia planteó al inicio del estudio del proyecto de ley la postergación por una semana, señalando que quería introducir algunas modificaciones.
Por su parte, el senador liberal Alfredo Jaeggli planteó la postergación por tiempo indefinido, señalando que las comisiones no consultaron a sectores involucrados y afectados por la ley, entre las que mencionó la Federación Nacional Campesina y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Sin embargo, la propuesta perdió por amplia mayoría. Varios senadores, entre Silvio Ovelar (ANR), alegaron que ya se postergó el tratamiento el año pasado y hubo mucho tiempo para su estudio en comisiones.
Solamente cinco en contra
La votación sobre el proyecto de ley que castiga la venta de “derecheras” fue a mano alzada, por lo cual no quedó registrado con precisión quiénes estuvieron a favor y quiénes en contra. Sin embargo, pudo notarse que, además del liberal Alfredo Jaeggli, tampoco votaron a favor de la normativa los colorados Gregorio Areco (quien argumentó en contra) y Hugo Estigarribia (quien planteó la vuelta a comisión). Igualmente, no acompañaron el proyecto los oficialistas Sixto Pereira (Tekojoja) y Samuel García (PPS). Tras confirmarse la aprobación, Jaeggli se puso de pie e increpó a viva voz a sus colegas, se tomó con su par Luis Wagner y luego se retiró de la sala de sesiones.
Esta ley no tendrá virtualidad, afirman
El senador liberal Alfredo Jaeggli, quien desde un principio se opuso férreamente a la aprobación de la ley que castiga con cárcel la venta de “derecheras”, dijo que aunque la ley sea finalmente sancionada, no tendrá ninguna virtualidad. Afirmó que ningún campesino irá preso por incumplir esta normativa, ya que será imposible probarlo. Consideró que para lo único que servirá es para que algunos funcionarios puedan “coimear” a los agricultores, con la amenaza de denunciarlos.
Sobre su abrupto retiro de la sala de sesiones, dijo que no valía la pena quedarse, porque ni siquiera le iban a permitir hablar, ya que se aprobó muy pronto el cierre del debate.
Jaeggli sostuvo que era “una barbaridad” que se lleve preso cinco años a alguien por vender sus tierras, como si fuera un violador o un peligroso delincuente.
Apuntó que, más allá de la pena establecida, lo preocupante es la filosofía del proyecto que tiene un criterio autoritario.
Señaló además que los parlamentarios paraguayos tienen una grave confusión, ya que creen que deben defender al Estado cuando en realidad deben defender a las personas del abuso del Estado.
Jaeggli expresó que tenía escasas expectativas de que los diputados rechazaran el proyecto. Igualmente veía difícil que el Poder Ejecutivo se animara a vetarlo debido a la tensa situación política.
La normativa, que ahora debe ser analizada en la Cámara de Diputados, prevé también el mismo castigo para el que adquiera derechos y acciones de algún inmueble en contravención del estatuto agrario. La adquisición será nula de pleno derecho y el adquiriente perderá también derechos sobre las mejoras adquiridas o introducidas.
Igualmente castiga con pena de dos a cinco años al que con el fin de obtener un beneficio patrimonial indebido induzca a otro a la compra o venta de lotes agrícolas o fracciones fiscales destinadas a la reforma agraria, en contravención de las restricciones establecidas en el estatuto agrario.
Finalmente, el proyecto de ley prevé la misma cantidad de años de cárcel para el funcionario público que extienda documentos pretendiendo validar la transferencia de los lotes agrícolas o fracciones fiscales destinadas a la reforma agraria. En este último caso, también será castigada la tentativa.
Argumentaron a favor de la aprobación el liberal Miguel Abdón Saguier, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, y Marcelo Duarte, presidente de la comisión de Legislación. Saguier destacó que la prohibición de enajenar propiedades del Estado sujetas a la reforma agraria ya figura en el estatuto agrario, pero no establece penas para su incumplimiento, por lo que la ley aprobada ayer viene a llenar un vacío legal.
Destacó además que los beneficiarios de tierras del Estado tienen una serie de obligaciones, también establecidas en el estatuto agrario.
Pidieron postergar
El senador colorado Hugo Estigarribia planteó al inicio del estudio del proyecto de ley la postergación por una semana, señalando que quería introducir algunas modificaciones.
Por su parte, el senador liberal Alfredo Jaeggli planteó la postergación por tiempo indefinido, señalando que las comisiones no consultaron a sectores involucrados y afectados por la ley, entre las que mencionó la Federación Nacional Campesina y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Sin embargo, la propuesta perdió por amplia mayoría. Varios senadores, entre Silvio Ovelar (ANR), alegaron que ya se postergó el tratamiento el año pasado y hubo mucho tiempo para su estudio en comisiones.
Solamente cinco en contra
La votación sobre el proyecto de ley que castiga la venta de “derecheras” fue a mano alzada, por lo cual no quedó registrado con precisión quiénes estuvieron a favor y quiénes en contra. Sin embargo, pudo notarse que, además del liberal Alfredo Jaeggli, tampoco votaron a favor de la normativa los colorados Gregorio Areco (quien argumentó en contra) y Hugo Estigarribia (quien planteó la vuelta a comisión). Igualmente, no acompañaron el proyecto los oficialistas Sixto Pereira (Tekojoja) y Samuel García (PPS). Tras confirmarse la aprobación, Jaeggli se puso de pie e increpó a viva voz a sus colegas, se tomó con su par Luis Wagner y luego se retiró de la sala de sesiones.
Esta ley no tendrá virtualidad, afirman
El senador liberal Alfredo Jaeggli, quien desde un principio se opuso férreamente a la aprobación de la ley que castiga con cárcel la venta de “derecheras”, dijo que aunque la ley sea finalmente sancionada, no tendrá ninguna virtualidad. Afirmó que ningún campesino irá preso por incumplir esta normativa, ya que será imposible probarlo. Consideró que para lo único que servirá es para que algunos funcionarios puedan “coimear” a los agricultores, con la amenaza de denunciarlos.
Sobre su abrupto retiro de la sala de sesiones, dijo que no valía la pena quedarse, porque ni siquiera le iban a permitir hablar, ya que se aprobó muy pronto el cierre del debate.
Jaeggli sostuvo que era “una barbaridad” que se lleve preso cinco años a alguien por vender sus tierras, como si fuera un violador o un peligroso delincuente.
Apuntó que, más allá de la pena establecida, lo preocupante es la filosofía del proyecto que tiene un criterio autoritario.
Señaló además que los parlamentarios paraguayos tienen una grave confusión, ya que creen que deben defender al Estado cuando en realidad deben defender a las personas del abuso del Estado.
Jaeggli expresó que tenía escasas expectativas de que los diputados rechazaran el proyecto. Igualmente veía difícil que el Poder Ejecutivo se animara a vetarlo debido a la tensa situación política.
“Gobierno austero” invirtió G. 100.000 millones en vehículos
Cerca de G. 100.000 millones invirtieron las instituciones públicas en comprar lujosos automotores durante los últimos tres años de gobierno de Fernando Lugo. El Jefe de Estado había prometido austeridad y racionalizar el gasto público, durante su mandato. Sin embargo, secretarías de Estado como el Ministerio de Salud se dio el lujo de adquirir fastuosas camionetas cuyo precio oscila los G. 200.000.000 para uso de sus funcionarios.
“Queremos recobrar ese valor de los gobiernos que conjugaron honestidad y austeridad como ecuación del supremo sacrificio por la patria”, decía Fernando Lugo, el 15 de agosto del 2008, cuando asumía la administración del país.
Sin embargo, lo que se observa a diario y en las calles, no es precisamente austeridad. Lujosas camionetas 4x4, full equipo, adquiridas bajo su administración por las diferentes instituciones públicas, desmienten cualquier discurso de racionalización del gasto público.
En los últimos 3 años (2008-2011), se invirtieron nada menos que 99.000 millones de guaraníes en adquisición de vehículos 0 km. En la página oficial de la Dirección de Contrataciones Públicas figura que al menos 500 rodados fueron adquiridos, de los cuales, poco más de 400 son fastuosas camionetas cuyos precios oscilan los 130 y 190 millones de guaraníes. Solo por dar un ejemplo, el Ministerio de Salud adquirió en el 2010 dos camionetas de la marca Ssangyong en G. 189.000.000 cada una.
No solo el Poder Ejecutivo invirtió millones en lujosos vehículos. Lo mismo hicieron el Poder Legislativo y el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Esta última institución en el 2011 adquirió tres camionetas Hyundai Santa Fe en G. 160.000.000 cada una, para uso de los ministros.
Mientras el Senado, que también maneja el presupuesto del Congreso, adquirió en el 2011 nada menos que 17 camionetas, según los procesos de adjudicación.
Lujos y el índice de pobreza
Según un informe de la Dirección de Estadística, Encuestas y Censo, entre el 2008 y 2010, el índice de pobreza aumentó en un 0,4 % en el país.
De acuerdo al histórico de la evolución de la pobreza extrema en Paraguay, el año que más bajó fue en el 2005, cuando el índice indicaba la existencia de 16,5% de paraguayos en dichas condiciones. En un resumen presentado por el mismo presidente Fernando Lugo en el 2010, señalaba que “superar la pobreza es un desafío ético, político, económico y social”.
Aun teniendo este panorama, el país año a año despilfarra dinero del pueblo en lujos, mientras gran parte de la población apenas sobrevive.
Sin embargo, lo que se observa a diario y en las calles, no es precisamente austeridad. Lujosas camionetas 4x4, full equipo, adquiridas bajo su administración por las diferentes instituciones públicas, desmienten cualquier discurso de racionalización del gasto público.
En los últimos 3 años (2008-2011), se invirtieron nada menos que 99.000 millones de guaraníes en adquisición de vehículos 0 km. En la página oficial de la Dirección de Contrataciones Públicas figura que al menos 500 rodados fueron adquiridos, de los cuales, poco más de 400 son fastuosas camionetas cuyos precios oscilan los 130 y 190 millones de guaraníes. Solo por dar un ejemplo, el Ministerio de Salud adquirió en el 2010 dos camionetas de la marca Ssangyong en G. 189.000.000 cada una.
No solo el Poder Ejecutivo invirtió millones en lujosos vehículos. Lo mismo hicieron el Poder Legislativo y el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Esta última institución en el 2011 adquirió tres camionetas Hyundai Santa Fe en G. 160.000.000 cada una, para uso de los ministros.
Mientras el Senado, que también maneja el presupuesto del Congreso, adquirió en el 2011 nada menos que 17 camionetas, según los procesos de adjudicación.
Lujos y el índice de pobreza
Según un informe de la Dirección de Estadística, Encuestas y Censo, entre el 2008 y 2010, el índice de pobreza aumentó en un 0,4 % en el país.
De acuerdo al histórico de la evolución de la pobreza extrema en Paraguay, el año que más bajó fue en el 2005, cuando el índice indicaba la existencia de 16,5% de paraguayos en dichas condiciones. En un resumen presentado por el mismo presidente Fernando Lugo en el 2010, señalaba que “superar la pobreza es un desafío ético, político, económico y social”.
Aun teniendo este panorama, el país año a año despilfarra dinero del pueblo en lujos, mientras gran parte de la población apenas sobrevive.
Los “carperitos” de Ñacunday están expuestos a todo tipo de abusos
Niños desde los tres años de edad andan con armas en el campamento de los carperos en la colonia Toro Cua, en Ñacunday. Los llamados “carperitos” están absolutamente desprotegidos; son utilizados como escudos ante los operativos policiales, al igual que las mujeres. El Gobierno contabilizó en el lugar la presencia de más de 1.000 niños en edad escolar. Ninguna institución de los menores se ha ocupado hasta ahora de este terrible drama.
ÑACUNDAY (Silvia Sosa, de nuestra redacción regional). Descalzos, harapientos y en muchos casos desnutridos, circulan por el campamento con rostros inocentes, pero con actitud amenazante. En la “escuela-carpa” y en el seno de sus familias instaladas bajo carpas son instigados al conflicto, al desprecio a la ley y a la xenofobia.
Son instruidos para odiar principalmente a los llamados “brasiguayos”, que son los colonos brasileños y descendientes que habitan los distritos del interior del departamento, cuyas tierras son pretendidas por los carperos.
La fiscala María del Carmen Meza había resaltado el peligro al que están expuestos estos niños. Incluso, una menor de 12 años habría sido abusada sexualmente en el campamento presuntamente por el principal dirigente, Victoriano López.
Los tíos de la presunta víctima acusaron al líder de los carperos, el prófugo Victoriano López. Sin embargo, otros casos no habrían salido a luz por el temor que genera el entorno en que sobreviven.
El gobierno de Fernando Lugo instrumentó al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para habilitar en el lugar una escuela móvil (escuela-carpa), que dejó de funcionar después de que se descubriera que las clases se basan en la xenofobia.
Sin embargo, los docentes y padres de familia ponen como excusa que los niños ya no quieren volver a las aulas por el temor que genera la presencia policial, como consecuencia de la aparatosa intervención realizada el 12 de febrero con 800 uniformados, que le costó al Estado unos G. 450 millones.
Llamativamente, ninguna institución protectora de los derechos de la niñez y la adolescencia, ni los de derechos humanos intervinieron para poner freno al abuso al que son sometidos los menores. Además de pasar hambre, sed y otras incomodidades, como consecuencia de la situación en que viven con sus padres, están expuestos a situaciones de violencia constante, tanto física como síquica.
Son instruidos para odiar principalmente a los llamados “brasiguayos”, que son los colonos brasileños y descendientes que habitan los distritos del interior del departamento, cuyas tierras son pretendidas por los carperos.
La fiscala María del Carmen Meza había resaltado el peligro al que están expuestos estos niños. Incluso, una menor de 12 años habría sido abusada sexualmente en el campamento presuntamente por el principal dirigente, Victoriano López.
Los tíos de la presunta víctima acusaron al líder de los carperos, el prófugo Victoriano López. Sin embargo, otros casos no habrían salido a luz por el temor que genera el entorno en que sobreviven.
El gobierno de Fernando Lugo instrumentó al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para habilitar en el lugar una escuela móvil (escuela-carpa), que dejó de funcionar después de que se descubriera que las clases se basan en la xenofobia.
Sin embargo, los docentes y padres de familia ponen como excusa que los niños ya no quieren volver a las aulas por el temor que genera la presencia policial, como consecuencia de la aparatosa intervención realizada el 12 de febrero con 800 uniformados, que le costó al Estado unos G. 450 millones.
Llamativamente, ninguna institución protectora de los derechos de la niñez y la adolescencia, ni los de derechos humanos intervinieron para poner freno al abuso al que son sometidos los menores. Además de pasar hambre, sed y otras incomodidades, como consecuencia de la situación en que viven con sus padres, están expuestos a situaciones de violencia constante, tanto física como síquica.
El Estado tiene la culpa, no el campesino
Los senadores pretenden meter presos a los campesinos beneficiarios de lotes destinados a la reforma agraria que enajenen sus derechos sobre el inmueble. Este extraño y extemporáneo rebrote de temperamento autoritario se manifestó ayer, en ocasión de que la Cámara de Senadores aprobara un extravagante proyecto “que sanciona la comisión de hechos punibles contra bienes patrimoniales destinados a la política de reforma agraria”. ¿Para qué enviar a la cárcel a nadie, si la corrección del problema es muchísimo más fácil? Sería suficiente con cumplir la ley actualmente vigente en la materia, que limita a un lote por cabeza de familia. Lo que ocurrió hasta ahora es que el IBR, y luego el Indert –y ningún otro organismo público–, no registró debidamente a los verdaderos campesinos sin tierra, a los que las recibieron, a los que las volvieron a enajenar y a los que las trabajaron.
Los legisladores saben que en el Indert se carece de registros, ignora hasta dónde están las tierras repartidas anteriormente. Los diputados tienen ante sí la responsabilidad de no dejar pasar un absurdo proyecto de ley como este.
Los senadores pretenden meter presos a los campesinos beneficiarios de lotes destinados a la reforma agraria que enajenen sus derechos sobre el inmueble. ¡Pero si bastaría con excluirlos para siempre de futuros beneficios! Este extraño y extemporáneo rebrote de temperamento autoritario se manifestó ayer, en ocasión de que la Cámara de Senadores, de manera increíble, aprobara por mayoría un extravagante proyecto “que sanciona la comisión de hechos punibles contra bienes patrimoniales destinados a la política de reforma agraria”, exhibiendo notorio desconocimiento de la realidad campesina de nuestro país y de los hechos de su historia reciente.
El insólito proyecto pretende sancionar con penas de cárcel de hasta cinco años (eran ocho en el original) a los “ocupantes, solicitantes o adjudicatarios de lotes agrícolas o fracciones fiscales destinados a la reforma agraria” que transfieran a terceros sus derechos sobre los mismos. Igual pena correspondería a los compradores, a los que intermedien en la operación y a los funcionarios públicos que documenten la misma.
¿Para qué enviar a la cárcel a nadie, si la corrección del problema es muchísimo más fácil? Sería suficiente con cumplir la ley actualmente vigente en la materia, que limita a un lote por cabeza de familia. Bastaría con anotar en una libreta quién recibe el beneficio y, una vez comprobado que se desvinculó del bien recibido, borrarlo para siempre del programa oficial. Así se evitará que vaya a invadir otras propiedades y a exigir otros lotes.
Lo que ocurrió hasta ahora es que el IBR, y luego el Indert –y ningún otro organismo público–, no registró debidamente a los verdaderos campesinos sin tierra, a los que las recibieron, a los que las volvieron a enajenar y a los que las trabajaron. No se tienen fichas, carpetas ni anotaciones; y si alguna vez las tuvieron, las hicieron desaparecer para poder maniobrar libremente con las prebendas políticas. Y esta verdad los actuales senadores conocen tan bien como todos, porque en su momento muchos de ellos también se sirvieron de la ventaja electoral de aprovecharse de los votos y adhesiones comprados a cambio de beneficios de esa clase.
Los senadores y diputados saben bien que en el Indert ignoran quiénes son los invasores de tierras particulares, de dónde salieron los “carperos”; están suficientemente informados de que en ese organismo oficial se carece de registros y que sus jefes y funcionarios ignoran hasta dónde están las tierras repartidas anteriormente y en manos de quiénes.
La primera pregunta que los senadores, si hubieran tenido honestidad intelectual, debieron haberse formulado antes de considerar tal proyecto fue: “¿por qué muchos beneficiarios de lotes distribuidos por el Estado –en aplicación de su política, sea agraria, electoralista, clientelista o lo que fuera– los vuelven a enajenar?”. Y hubieran arribado a una sencilla conclusión: porque nadie controla estos procesos y esos beneficiarios entienden que, si se desprenden del primer lote, podrán solicitar otro y otro más, o ir a invadir algunos privados; esto es lo que les enseña la experiencia y no se les puede condenar por aprovechar las ocasiones de realizar los buenos negocios que las mismas autoridades, negligentes o corruptas, les permiten.
Siendo que nuestras autoridades no levantan censos, no llevan registros, no realizan mensuras ni inscripciones, no exigen tributos fiscales por esos lotes: ¿Cómo saber cuántos y quiénes fueron o son los beneficiarios; a quiénes se les entregaron lotes y cuántos fueron revendidos; quiénes los adquirieron y quiénes los ocupan actualmente, cuáles funcionarios públicos participaron de los actos irregulares, etc., etc.?
Si ahora resulta que los mismos políticos en el Gobierno, sea del Ejecutivo o del Legislativo, cómplices de las falsas ofertas electorales, simulan indignarse porque los campesinos beneficiarios de algunos de esos lotes enajenaron sus derechos sobre ellos y los quieren enviar a la cárcel por eso, es porque desean eludir su responsabilidad en tal irregularidad. Están cometiendo un imperdonable acto de fariseísmo político y una arbitrariedad indignante.
A los que debería procesarse y condenarse a penas carcelarias es a los directivos de IBR y de Indert, y a sus políticos cómplices (de todos los gobiernos, anteriores y actual) que crearon y mantienen el sistema por el cual ciertas personas pueden aprovecharse de bienes públicos con el pretexto de la reforma agraria. Y a los campesinos que quieren aprovechar una oportunidad de hacer tan solo un buen negocio, hay que despojarles de toda culpabilidad por las falencias de un régimen que ellos no crearon.
¿O acaso esa intrincada maraña de títulos de dominio superpuestos, derechos de posesión que se trafican libremente, conflictos de linderos, superficies discordantes con los registros, venta de derecheras y la multitud de problemas similares que se denuncian diariamente son resultado de la iniciativa y de acción concertada de los campesinos? Y, sobre todo, ¿algún legislador en su sano juicio cree acaso que se va a comenzar a ordenar este desastre con una ley que amenaza meter en la cárcel a todo el mundo? Parece un absurdo prepotente propio de la época de la dictadura.
Existe una gran variedad de medidas punitivas que podrían aplicarse a las conductas que se pretenden corregir sin necesidad de llegar a la pena de privación de libertad, máxime en un país como el nuestro actualmente, en el que, para meter en celdas a todas las personas peligrosas que deberían ser apartadas de la vida en sociedad, habría que incrementar en al menos al triple la capacidad de los presidios, o edificarlos en todos los departamentos.
Ahora son los diputados quienes tienen ante sí la responsabilidad de no dejar pasar un absurdo proyecto de ley como este, aunque esto tampoco debe ser óbice para que se continúen estudiando las mejores maneras de corregir las interminables torpezas gubernamentales en materia de política agraria y el tan largamente anhelado ordenamiento del problema de tierra
Los senadores pretenden meter presos a los campesinos beneficiarios de lotes destinados a la reforma agraria que enajenen sus derechos sobre el inmueble. ¡Pero si bastaría con excluirlos para siempre de futuros beneficios! Este extraño y extemporáneo rebrote de temperamento autoritario se manifestó ayer, en ocasión de que la Cámara de Senadores, de manera increíble, aprobara por mayoría un extravagante proyecto “que sanciona la comisión de hechos punibles contra bienes patrimoniales destinados a la política de reforma agraria”, exhibiendo notorio desconocimiento de la realidad campesina de nuestro país y de los hechos de su historia reciente.
El insólito proyecto pretende sancionar con penas de cárcel de hasta cinco años (eran ocho en el original) a los “ocupantes, solicitantes o adjudicatarios de lotes agrícolas o fracciones fiscales destinados a la reforma agraria” que transfieran a terceros sus derechos sobre los mismos. Igual pena correspondería a los compradores, a los que intermedien en la operación y a los funcionarios públicos que documenten la misma.
¿Para qué enviar a la cárcel a nadie, si la corrección del problema es muchísimo más fácil? Sería suficiente con cumplir la ley actualmente vigente en la materia, que limita a un lote por cabeza de familia. Bastaría con anotar en una libreta quién recibe el beneficio y, una vez comprobado que se desvinculó del bien recibido, borrarlo para siempre del programa oficial. Así se evitará que vaya a invadir otras propiedades y a exigir otros lotes.
Lo que ocurrió hasta ahora es que el IBR, y luego el Indert –y ningún otro organismo público–, no registró debidamente a los verdaderos campesinos sin tierra, a los que las recibieron, a los que las volvieron a enajenar y a los que las trabajaron. No se tienen fichas, carpetas ni anotaciones; y si alguna vez las tuvieron, las hicieron desaparecer para poder maniobrar libremente con las prebendas políticas. Y esta verdad los actuales senadores conocen tan bien como todos, porque en su momento muchos de ellos también se sirvieron de la ventaja electoral de aprovecharse de los votos y adhesiones comprados a cambio de beneficios de esa clase.
Los senadores y diputados saben bien que en el Indert ignoran quiénes son los invasores de tierras particulares, de dónde salieron los “carperos”; están suficientemente informados de que en ese organismo oficial se carece de registros y que sus jefes y funcionarios ignoran hasta dónde están las tierras repartidas anteriormente y en manos de quiénes.
La primera pregunta que los senadores, si hubieran tenido honestidad intelectual, debieron haberse formulado antes de considerar tal proyecto fue: “¿por qué muchos beneficiarios de lotes distribuidos por el Estado –en aplicación de su política, sea agraria, electoralista, clientelista o lo que fuera– los vuelven a enajenar?”. Y hubieran arribado a una sencilla conclusión: porque nadie controla estos procesos y esos beneficiarios entienden que, si se desprenden del primer lote, podrán solicitar otro y otro más, o ir a invadir algunos privados; esto es lo que les enseña la experiencia y no se les puede condenar por aprovechar las ocasiones de realizar los buenos negocios que las mismas autoridades, negligentes o corruptas, les permiten.
Siendo que nuestras autoridades no levantan censos, no llevan registros, no realizan mensuras ni inscripciones, no exigen tributos fiscales por esos lotes: ¿Cómo saber cuántos y quiénes fueron o son los beneficiarios; a quiénes se les entregaron lotes y cuántos fueron revendidos; quiénes los adquirieron y quiénes los ocupan actualmente, cuáles funcionarios públicos participaron de los actos irregulares, etc., etc.?
Si ahora resulta que los mismos políticos en el Gobierno, sea del Ejecutivo o del Legislativo, cómplices de las falsas ofertas electorales, simulan indignarse porque los campesinos beneficiarios de algunos de esos lotes enajenaron sus derechos sobre ellos y los quieren enviar a la cárcel por eso, es porque desean eludir su responsabilidad en tal irregularidad. Están cometiendo un imperdonable acto de fariseísmo político y una arbitrariedad indignante.
A los que debería procesarse y condenarse a penas carcelarias es a los directivos de IBR y de Indert, y a sus políticos cómplices (de todos los gobiernos, anteriores y actual) que crearon y mantienen el sistema por el cual ciertas personas pueden aprovecharse de bienes públicos con el pretexto de la reforma agraria. Y a los campesinos que quieren aprovechar una oportunidad de hacer tan solo un buen negocio, hay que despojarles de toda culpabilidad por las falencias de un régimen que ellos no crearon.
¿O acaso esa intrincada maraña de títulos de dominio superpuestos, derechos de posesión que se trafican libremente, conflictos de linderos, superficies discordantes con los registros, venta de derecheras y la multitud de problemas similares que se denuncian diariamente son resultado de la iniciativa y de acción concertada de los campesinos? Y, sobre todo, ¿algún legislador en su sano juicio cree acaso que se va a comenzar a ordenar este desastre con una ley que amenaza meter en la cárcel a todo el mundo? Parece un absurdo prepotente propio de la época de la dictadura.
Existe una gran variedad de medidas punitivas que podrían aplicarse a las conductas que se pretenden corregir sin necesidad de llegar a la pena de privación de libertad, máxime en un país como el nuestro actualmente, en el que, para meter en celdas a todas las personas peligrosas que deberían ser apartadas de la vida en sociedad, habría que incrementar en al menos al triple la capacidad de los presidios, o edificarlos en todos los departamentos.
Ahora son los diputados quienes tienen ante sí la responsabilidad de no dejar pasar un absurdo proyecto de ley como este, aunque esto tampoco debe ser óbice para que se continúen estudiando las mejores maneras de corregir las interminables torpezas gubernamentales en materia de política agraria y el tan largamente anhelado ordenamiento del problema de tierra
